Las victorias aliadas de 1812 y 1813, culminadas en Vitoria y San Marcial, obligaron a los ejércitos franceses a retirarse. Con su poder debilitado en toda Europa, Napoleón negoció con Fernando VII, que permanecía en Francia desde las abdicaciones de Bayona.

El Tratado de Valençay, firmado en diciembre de 1813, reconocía a Fernando VII como rey de España. Las Cortes desconfiaron de un acuerdo negociado sin su autorización y condicionaron el reconocimiento del monarca a que jurase la Constitución de 1812.

El retorno del rey planteaba así una cuestión decisiva: si aceptaría el orden constitucional nacido durante su ausencia o trataría de recuperar la plenitud del poder absoluto.

Fernando VII regresó a España en 1814 después de seis años de ausencia. La derrota de Napoleón y el Tratado de Valençay habían permitido su retorno, que fue recibido con enorme entusiasmo por amplios sectores de la población. Para muchos españoles seguía siendo «el Deseado».

El itinerario del rey desde la frontera hasta Valencia le permitió comprobar el apoyo popular y recibir la adhesión de autoridades, militares y sectores absolutistas. En lugar de dirigirse inmediatamente a Madrid para jurar la Constitución, Fernando preparó la recuperación de sus poderes.

Una parte de la sociedad identificaba su regreso con el final de la guerra y la restauración de la normalidad. Esa esperanza no implicaba que existiese un acuerdo sobre el sistema político: liberales y absolutistas defendían proyectos incompatibles para la monarquía.

El rey se negó a aceptar el sistema constitucional construido en Cádiz. Apoyado por los absolutistas y por el Manifiesto de los Persas, declaró nula la Constitución de 1812 y la legislación de las Cortes, restauró el poder absoluto de la Corona y comenzó la persecución de liberales y afrancesados.

El decreto de 4 de mayo de 1814 presentó la obra gaditana como ilegítima y suprimió las nuevas instituciones. En los días siguientes fueron detenidos diputados y escritores liberales, mientras el rey entraba en Madrid y restablecía instituciones del Antiguo Régimen.

La decisión tuvo consecuencias a ambos lados del Atlántico. Fernando VII rechazó también la reorganización constitucional de la monarquía y trató de recuperar por la fuerza los territorios americanos sublevados. En 1815 envió una gran expedición dirigida por Pablo Morillo, que logró importantes éxitos temporales en Venezuela y Nueva Granada.

Los principales dirigentes liberales fueron encarcelados, confinados o forzados a abandonar el país. La libertad de imprenta desapareció y las publicaciones quedaron sometidas de nuevo a un estricto control. Muchos afrancesados, incluso quienes habían colaborado con José I para mantener la administración o promover reformas, partieron también al exilio.

La restauración absolutista no significó un regreso sencillo al mundo anterior a 1808. España había quedado profundamente dañada por la Guerra de la Independencia: la Hacienda estaba exhausta, la producción se había reducido y el comercio con América sufría una grave desorganización.

Fernando VII restauró instituciones del Antiguo Régimen y persiguió a quienes habían participado en la experiencia liberal. Muchos liberales marcharon al exilio y otros comenzaron a conspirar contra el absolutismo. El ejército, enormemente ampliado durante la guerra, se convirtió en un nuevo actor político.

Fernando VII restauró el absolutismo en 1814, pero el conflicto entre absolutismo y liberalismo ya estaba abierto y condicionaría buena parte de la historia política española del siglo XIX.

Las juntas, la experiencia de soberanía nacional, la legislación gaditana, la movilización militar y el exilio habían transformado el país. El pronunciamiento de Riego de 1820 demostraría que la Constitución y el liberalismo no habían desaparecido.