Poder territorial
Las juntas gobernaron ciudades y provincias en ausencia de una autoridad central reconocida.
El vacío de poder de 1808 origina juntas locales y provinciales, la Junta Suprema Central y un debate decisivo sobre la soberanía.
Las abdicaciones de Bayona rompieron la cadena tradicional de obediencia y abrieron una crisis de soberanía
Las renuncias de Carlos IV y Fernando VII y la entrega de la Corona a José Bonaparte dejaron a buena parte de la población sin una autoridad que considerase legítima. Las instituciones del Antiguo Régimen continuaban existiendo, pero muchas de ellas obedecían a las autoridades francesas o carecían de capacidad para organizar la resistencia.
El levantamiento de mayo de 1808 transformó la crisis dinástica en un problema político general. Si Fernando VII estaba cautivo y el nuevo rey era rechazado, resultaba necesario decidir quién podía mandar, recaudar, levantar ejércitos y actuar en nombre de la monarquía.
La respuesta inicial no procedió de un plan único. Ciudades y provincias formaron juntas que afirmaban gobernar en nombre de Fernando VII. La fidelidad al monarca ausente convivió así con una práctica nueva: comunidades políticas que asumían por sí mismas funciones de gobierno.
Porque muchas habían reconocido a las autoridades impuestas por Napoleón o no podían ejercer un poder efectivo. Las juntas surgieron para llenar ese vacío, organizar la resistencia y conservar la legitimidad de Fernando VII.
La insurrección creó poderes territoriales que organizaron la guerra y reclamaron representar a la comunidad
Durante la primavera y el verano de 1808 aparecieron juntas locales y provinciales en numerosos territorios. Estaban formadas por autoridades, eclesiásticos, militares, nobles y representantes de las elites urbanas, aunque su composición varió según cada lugar y según la presión popular que había acompañado al levantamiento.
Las juntas reclutaron tropas, buscaron recursos, difundieron proclamas y establecieron contactos diplomáticos. Actuaban en nombre del rey cautivo, pero ejercían competencias que antes pertenecían a la Corona. Esa contradicción convirtió la resistencia en una experiencia política además de militar.
La dispersión dificultaba coordinar los ejércitos y la política exterior. La victoria de Bailén demostró la capacidad de la resistencia, pero también hizo evidente la necesidad de una autoridad común capaz de representar al conjunto de la monarquía no sometida a José I.
Las juntas gobernaron ciudades y provincias en ausencia de una autoridad central reconocida.
Reclutaron tropas, reunieron suministros y sostuvieron la resistencia frente al ejército francés.
Crearon contribuciones y administraron recursos para financiar la lucha.
Justificaron su autoridad por la ausencia de Fernando VII y el rechazo de las abdicaciones de Bayona.
En septiembre de 1808 se constituyó una autoridad común para coordinar la guerra y gobernar en nombre de Fernando VII
La Junta Suprema Central se reunió en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 con representantes de las juntas provinciales. Presidida inicialmente por el conde de Floridablanca, trató de ejercer el gobierno superior de la monarquía y de coordinar una resistencia hasta entonces fragmentada.
La entrada de Napoleón y la nueva ofensiva francesa obligaron a la Junta a desplazarse primero a Sevilla y después a la Isla de León. Las derrotas militares, las disputas internas y las dudas sobre su representación debilitaron su autoridad.
Aun así, la Junta dio un paso decisivo al plantear la reunión de Cortes. La convocatoria debía proporcionar una representación más amplia y ofrecer una respuesta política a la crisis que no se limitara a restaurar las instituciones anteriores a 1808.
Ciudades y provincias crean autoridades propias para organizar la resistencia.
Los representantes de las juntas provinciales constituyen una autoridad común en Aranjuez.
La Junta Central abre el proceso que conducirá a la reunión de una asamblea nacional.
La Junta Central transfiere sus poderes a una Regencia antes de disolverse.
Gobernar en nombre de Fernando VII terminó abriendo el debate sobre el origen mismo del poder
Las juntas afirmaban que, al faltar el rey legítimo, la soberanía podía revertir provisionalmente a la comunidad. Esta idea permitía rechazar a José I sin abandonar inicialmente la fidelidad a Fernando VII, pero alteraba profundamente la concepción patrimonial y dinástica de la monarquía.
Conservadores y reformistas podían coincidir en la resistencia y discrepar sobre sus consecuencias. Para unos, las nuevas autoridades debían limitarse a custodiar los derechos del rey. Para otros, la crisis ofrecía la oportunidad de reformar la monarquía, reconocer derechos y establecer una representación nacional.
El debate alcanzó también a los territorios americanos. La quiebra de la autoridad peninsular favoreció allí la formación de juntas y una discusión paralela sobre la representación, la autonomía y la soberanía.
La autoridad nacida en 1808 desembocó en una asamblea que transformaría el fundamento político de la monarquía
En enero de 1810, acosada por el avance francés y por la pérdida de prestigio, la Junta Suprema Central cedió el poder a un Consejo de Regencia. La nueva autoridad mantuvo la convocatoria de Cortes, que se reunieron en septiembre en la Isla de León y continuaron después sus sesiones en Cádiz.
El paso de las juntas a las Cortes muestra la profundidad de la crisis de 1808. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia frente a la ausencia del rey terminó creando una representación nacional con capacidad para legislar y redactar una constitución.
No. Reunían posiciones políticas muy distintas y muchas defendían el orden tradicional. Su importancia revolucionaria no dependió de que todos sus miembros fueran liberales, sino de que asumieron el poder en ausencia del rey y abrieron el problema de quién representaba legítimamente a la comunidad.
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