Carlos IV accedió al trono en diciembre de 1788 tras la muerte de Carlos III. La monarquía española conservaba extensos territorios en Europa, América y Asia, una importante Armada y una administración transformada por las reformas borbónicas del siglo XVIII.

El nuevo monarca mantuvo inicialmente al conde de Floridablanca al frente de la Secretaría de Estado. El programa reformista heredado pretendía mejorar la agricultura, el comercio, la educación y la administración sin alterar los fundamentos del absolutismo ni la sociedad estamental.

Aquella continuidad duró poco. En julio de 1789 comenzó la Revolución francesa. La caída de la monarquía vecina obligó a la Corte española a reorganizar sus prioridades: la defensa del orden político y dinástico pasó por delante de muchas reformas ilustradas.

Floridablanca fue apartado en 1792 y sustituido por el conde de Aranda, partidario de una posición menos rígida ante la Francia revolucionaria. La radicalización del proceso francés debilitó pronto aquella alternativa.

En noviembre de 1792, Manuel Godoy fue nombrado secretario de Estado. Su ascenso había sido extraordinariamente rápido: procedía de la Guardia de Corps y contaba con la confianza personal de Carlos IV y María Luisa de Parma. Esa cercanía a los monarcas se convirtió a la vez en la principal fuente de su poder y de su impopularidad.

Godoy no gobernó de forma continua durante todo el reinado, pero dominó sus etapas decisivas. Intentó conservar la autonomía española en una Europa polarizada entre Francia y Gran Bretaña, aunque los cambios de alianza terminaron aumentando la dependencia exterior de la monarquía.

La Hacienda real arrastraba problemas estructurales: un sistema fiscal desigual, gastos crecientes y dificultades para movilizar los recursos de una monarquía extensa. Las guerras multiplicaron las necesidades precisamente cuando el bloqueo británico reducía la llegada de metales y mercancías procedentes de América.

La Corona recurrió al crédito y aumentó la emisión de vales reales, títulos de deuda que terminaron perdiendo valor. En 1798 se ordenó la venta de bienes pertenecientes a hospitales, cofradías y otras instituciones piadosas para amortizar deuda, una medida considerada antecedente de las desamortizaciones del siglo XIX.

A la crisis fiscal se añadieron malas cosechas, epidemias, carestía y problemas de abastecimiento. Sus efectos no fueron iguales en todos los territorios, pero contribuyeron al deterioro de la imagen del gobierno y al aumento de la tensión social.

La sociedad española continuaba dividida jurídicamente en estamentos. Nobleza y clero conservaban privilegios, mientras campesinos, artesanos y grupos urbanos soportaban buena parte de la fiscalidad. Al mismo tiempo, comerciantes, funcionarios, profesionales y propietarios formaban grupos cada vez más activos en la vida económica y cultural.

La censura política convivió con iniciativas ilustradas. Se publicaron estudios económicos, se mantuvieron instituciones científicas y continuó el debate sobre la agricultura, la educación y la reforma social. El Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, publicado en 1795, fue una de las expresiones más conocidas de aquel reformismo.

Francisco de Goya alcanzó durante estos años una posición central en la pintura de Corte. Sus retratos, los Caprichos y otras obras muestran tanto el brillo de la sociedad cortesana como sus contradicciones, supersticiones y desigualdades.

Cuando la guerra entre Francia y Gran Bretaña se reanudó en 1803, España intentó mantener una neutralidad financiada mediante subsidios a Francia. Londres consideró que esos pagos ayudaban al esfuerzo militar francés. En octubre de 1804 una escuadra británica atacó cuatro fragatas españolas que regresaban de América y la Nuestra Señora de las Mercedes explotó durante el combate. España declaró la guerra en diciembre.

La Armada española quedó integrada en la estrategia naval de Napoleón. El 21 de octubre de 1805 la escuadra combinada franco-española, mandada por Villeneuve, se enfrentó a la flota de Nelson frente al cabo de Trafalgar. La victoria británica fue decisiva.

Trafalgar no destruyó por completo la Armada española, pero eliminó numerosos buques operativos y causó la muerte o captura de marinos y oficiales experimentados. La falta de recursos hizo muy difícil sustituir esas pérdidas y reforzó el dominio británico de las rutas oceánicas.

Ante el avance francés, la Corte se trasladó a Aranjuez. Se extendió el rumor de que Godoy preparaba la marcha de la familia real hacia Andalucía y quizá hacia América, siguiendo el ejemplo de la dinastía portuguesa. Los partidarios de Fernando aprovecharon el temor y la hostilidad contra el valido.

Entre el 17 y el 19 de marzo de 1808 estalló el Motín de Aranjuez. La residencia de Godoy fue asaltada y el ministro terminó detenido. Carlos IV, sometido a una enorme presión y temiendo por la vida de su favorito, abdicó en su hijo Fernando.

El nuevo Fernando VII fue recibido con entusiasmo, pero la crisis dinástica estaba lejos de resolverse. Carlos IV declaró que su abdicación había sido forzada y pidió el apoyo de Napoleón. El emperador encontró así la oportunidad de intervenir como supuesto árbitro entre padre e hijo.

El reinado de Carlos IV no puede explicarse únicamente mediante la supuesta debilidad del rey o la influencia de Godoy. La monarquía tuvo que actuar dentro de una crisis europea excepcional, provocada por la Revolución francesa, la expansión napoleónica y la guerra marítima británica.

Sin embargo, sus decisiones agravaron los problemas. Los cambios de alianza, la dependencia de Francia, la entrada del ejército napoleónico y la incapacidad para resolver el conflicto entre Carlos y Fernando destruyeron la autoridad de la Corona. La oposición concentró sobre Godoy la responsabilidad de derrotas, impuestos y privaciones.

En 1808 el Estado no desapareció, pero la legitimidad dinástica quedó rota. La población tuvo que organizar nuevas autoridades para combatir a Napoleón y gobernar en ausencia de un rey reconocido. De aquella crisis surgirían las juntas, las Cortes de Cádiz y el primer liberalismo constitucional español.